Las dos provincias se disputan la elección para albergar la planta y el puerto desde donde saldrán los embarques de GNL. El proyecto demandará una inversión de entre 30.000 y 50.000 millones de dólares. Argentina podría producir entre 20 y 30 millones de toneladas de GNL por año.
Por Natalia Kidd
BUENOS AIRES.- El multimillonario proyecto para exportar a través de un puerto sobre el Atlántico gas natural licuado (GNL) proveniente de la colosal formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta ha desatado una fuerte competencia entre dos provincias, una de ellas cuestionada por el presidente Javier Milei.
Las provincias de Buenos Aires y de Río Negro se disputan la elección para albergar la planta y el puerto desde donde saldrán los embarques de GNL, un proyecto que demandará una inversión de entre 30.000 y 50.000 millones de dólares.
La petrolera YPF, controlada por el Estado argentino y la mayor productora de hidrocarburos del país, y la malaya Petronas firmaron en septiembre de 2022 un acuerdo para desarrollar este proyecto, que incluye la extracción de gas natural de Vaca Muerta -en el suroeste argentino, la segunda mayor reserva mundial de gas no convencional-, la construcción de un gasoducto desde allí hasta el Atlántico y de una planta de licuefacción, la comercialización del GNL y la logística internacional.
Debido a la envergadura del denominado proyecto ‘Argentina LNG‘, el presidente y director ejecutivo de YPF, Horacio Marín, busca sumar a otras grandes petroleras que operan en el país.
El plan inicial colocaba a Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires (a unos 600 kilómetros de Vaca Muerta), como cabecera de la planta de licuefacción y del puerto de exportación, pero ahora hay un nuevo candidato: Punta Colorada, en Río Negro (también a unos 600 kilómetros de Vaca Muerta).
Para sumar puntos, el Gobierno de Río Negro acaba de adherir al nuevo régimen de incentivos a las grandes inversiones (RIGI), aprobado recientemente por el Congreso por impulso del Gobierno de Milei. Sindicatos y empresas locales también comprometieron su respaldo si la elegida es Punta Colorada.
“Es hora de que la Patagonia pueda exportar por sus mares lo que con tanto esfuerzo produce”, manifestó el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck.
Buenos Aires, gobernada por el kirchnerista Axel Kicillof, uno de los principales opositores al Gobierno de Milei, no adhirió al RIGI, pero la irrupción de Río Negro como competidor lo obligó a declarar el proyecto “de interés provincial” y a impulsar en los últimos días una ley para crear un régimen provincial de fomento de inversiones estratégicas, como la del GNL.
“Voy a hacer todos los esfuerzos que estén a mi alcance para que se pueda realizar la inversión en Bahía Blanca”, aseguró el pasado 15 de julio en rueda de prensa Kicillof, quien en 2012, durante el Gobierno de Cristina Fernández (2007-2015), fue uno de los impulsores de la expropiación de la participación mayoritaria de la española Repsol en YPF.
Milei recuerda precisamente aquel papel jugado por Kicillof en la nacionalización de YPF para objetar que la millonaria inversión en GNL se haga en su provincia.
“Kicillof es un expropiador serial. Si quisiera hacer las cosas bien, se hubiera adherido al RIGI. Obvio que la inversión se va a ir a otro lado. ¿Vas a confiar en un comunista?”, dijo el político ultraliberal.
El presidente de YPF, por su parte, ha manifestado que esto no es un “Boca-River”, que “no es una cuestión política” y que la decisión será tomada en base a criterios técnicos.
Sea en Bahía Blanca o en Punta Colorada, el proyecto promete convertir a Argentina en un importante exportador de GNL.
“Argentina podría producir entre 20 y 30 millones de toneladas de GNL por año. El proyecto más ambicioso viene de la mano de YPF junto con Petronas e implicaría una inversión que rondaría los 40.000 millones de dólares -según estimaciones de la industria-, que, una vez finalizada, generarían unos 15.000 millones de dólares anuales por exportación de gas desde 2032 en adelante”, resaltó en un reciente informe la agencia FIX, afiliada en Argentina a la calificadora de riesgo global Fitch.
EFE.